Mar del Plata, 28 de febrero de 2025.-

Sra. PRESIDENTA DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DEL PDO.

DE GENERAL PUEYRREDÓN.

Dra. Marina Sánchez Herrero

S / D

VISTO

El devastador proceso inflacionario sufrido entre los años 2019 y 2023 durante la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner que sumió a la Argentina en una profunda crisis, tanto en el ámbito económico como social, y el programa de recuperación que está llevando a cabo el actual presidente Javier Milei cuyos pilares fundamentales son alcanzar el equilibrio fiscal y el descenso de la inflación, los cuales se encuentran actualmente en riesgo debido a las numerosas demandas y condenas millonarias internacionales que sufre el país como consecuencia de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos kirchneristas.

CONSIDERANDO

Que durante la Presidencia de Alberto Fernández, Argentina llegó a sufrir una inflación acumulada del 1147 % (fuente econométrica Indec) rozando prácticamente una cuasi hiperinflación que perjudicó a casi 48 millones de ciudadanos: su economía, su trabajo, su futuro, degradando a un punto alarmante las estructuras económicas y sociales de la nación.

Que tanto el ex presidente Alberto Fernández como su vice Cristina Fernández de Kirchner contaban presuntamente con vasta experiencia en la gestión social y económica de un país tras haber ocupado altos cargos dirigenciales durante toda su vida política, pese a lo cual su gestión fue la peor de la historia.

Que teniendo en cuenta lo expresado, el accionar del gobierno saliente y puntualmente de sus máximos funcionarios podría evidenciar un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte de ambos, resultando “alarmante” la detección diaria de irregularidades así como de las consecuencias y constantes repercusiones tanto de dicha gestión como de la gestión en la que la última ex presidenta encabezó el Poder Ejecutivo puesta a la vista por el gobierno actual, todo lo cual es pasible de haber constituido una presunta estafa electoral y de gobierno.

Que los hechos de “extrema gravedad institucional” acaecidos en los gobiernos tanto de Alberto Fernández como de Fernández de Kirchner sumieron al país en un caos económico y social del que nos costará años poder recuperarnos, estos demandan un análisis riguroso de sus implicancias y la determinación de las eventuales responsabilidades correspondientes.

Que resulta imperante para todos los argentinos que el Gobierno Nacional a través de su Poder Ejecutivo y Legislativo arbitre las medidas necesarias al efecto.

Que tras haber asumido la presidencia Javier Milei su gobierno ha adoptado una serie de medidas que si bien han resultado y resultan duras para todos los argentinos están logrando revertir dicha situación, habiendo la inflación comenzado un notable proceso de descenso.

Que en el mes de diciembre de 2023 la inflación rondaba el 25,5% y del 211% acumulado. Sin embargo la tasa mensual en diciembre pasado (a solo un año de gobierno del Presidente Javier Milei) fue del 2,7%, con una notable desaceleración del aumento de precios, lo que constituye uno de los mayores logros obtenidos en este corto periodo de tiempo.

Que las perspectivas para este 2025 son alentadoras: el mercado estima que el aumento de precios rondará el 25% anual, lo que supondría el valor más bajo de los últimos ocho años.

Que sin embargo las consecuencias de medidas adoptadas tanto durante el gobierno del Presidente saliente como de las presidencias Kirchneristas siguen atentando y poniendo en riesgo la estabilidad y el futuro de nuestro país.

Que las graves repercusiones de dichas medidas siguen perjudicando a los argentinos y lo harán por generaciones.

Que el “Mal desempeño” (evidenciado claramente en las gestiones de los gobiernos Kirchneristas), en términos constitucionales implica contrariar los principios de Derecho público autorizados por la Ley suprema. Esos principios constitucionales involucran entre otros: la legalidad, la razonabilidad, la posibilidad de desarrollo apoyado ello en una economía estable.

En ese sentido la inflación afecta los derechos constitucionales al alterar el poder adquisitivo de la moneda y, por lo tanto, la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades. La inflación reduce el poder adquisitivo de las familias. La inflación altera la información financiera, lo que dificulta la toma de decisiones. La inflación puede generar conflictividad innecesaria. La inflación afecta a los más pobres, ya que diluye la riqueza y el ahorro.

Que numerosas demandas por decisiones tomadas por dichos gobiernos, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al gobierno para que negocie.

Que la avalancha de juicios que tiene que afrontar Argentina en Tribunales Internacionales como consecuencias de decisiones adoptadas en los distintos gobiernos kirchneristas pone en riesgo el proceso de recuperación que está llevando a cabo el actual gobierno. Se trata de demandas por miles de millones de dólares.

Que ejemplo de ello es la condena en abril de 2023, en la que el Tribunal Superior de Londres dio la razón a los cuatro fondos demandantes, PalladianPartners, HBK Master Fund, HirshGroup LLC y Virtual Emerald International Limited, poseedores de cerca del 48% de los bonos “cupón PIB”. La sentencia ordena al Estado argentino a pagar 1.330 millones de euros por haber perjudicado a los acreedores cuando modificó la manera de calcular el producto interno bruto (PIB) en 2013. A raíz de ese cambio, Argentina revisó a la baja el crecimiento y, al ser inferior al 3%, evitó pagar un monto extra a aquellos tenedores de estos bonos.

Que asimismo uno de los casos más graves en cuanto a los montos, es la reciente condena que posee Argentina en EEUU, (entre otras condenas que se encuentran ejecutivas), a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado de manera indebida la petrolera YPF en el año 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner siendo el actual gobernador Axel Kicillof Ministro de economía. Que por los intereses que corren hace más de un año, la cifra ya supera los USD 17.000 millones.

Que este panorama judicial atenta gravemente contra el programa que puso en marcha el presidente Javier Milei con el objeto de revertir la profunda crisis en que dejo sumida a la Argentina el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Teniendo en cuenta lo expresado en mi carácter de Concejal del bloque VAMOS JUNTOS presento para su aprobación el siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón solicita al Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación arbitre los medios necesarios para iniciar una profunda investigación y un análisis riguroso de la implicancias de los hechos y medidas adoptadas por el gobierno anterior que llevaron a la Argentina a un proceso inflacionario devastador así como la determinación de las eventuales responsabilidades de cada uno de los funcionarios participes del mismo.

Articulo 2°: Comuníquese. De forma.

Por los mismos fundamentos se eleva el siguiente

PROYECTO de RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable concejo deliberante del Partido de General Pueyrredón expresa profunda preocupación por las numerosas demandas y condenas por miles de millones de dólares provenientes de Tribunales Internacionales a los que se enfrenta actualmente la Argentina producto de decisiones tomadas durante los distintos gobiernos kirchneristas, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, que atentan gravemente contra la recuperación económica de nuestro país. -

Artículo 2°:Comuníquese.De forma.

Autor del proyecto:

Adherentes: