Mar del Plata, 04 de septiembre de 2024
Sra. Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
General Pueyrredon
S/D
VISTO
El estado actual de aumento generalizado de tarifas, sumado a las modificaciones de los topes para los subsidios que impactan fuertemente, lo que lleva a constantes y progresivos reclamos por parte de vecinos que no pueden afrontar las facturas, y
CONSIDERANDO
Quela electricidad, como el gas, el agua corriente y las cloacas son servicios públicos. Se denominan así porque ellos cubren necesidades esenciales de las personas, según reza el sitio web argentina.gob.ar.
Que el contexto vigente, con recesión económica, devaluación de salarios y jubilaciones y aumentos constantes de tarifas, entre otras cuestiones que no hacen más que afectar el bolsillo y la vida diaria de las personas, genera una predominante sensación de desazón, preocupación y angustia a una porción muy importante de la sociedad argentina, de la cual General Pueyrredon no es ninguna excepción.
Que muchos hogares, como se dice popularmente, no logran llegar a fin de mes y quienes lo logran, lo hacen de forma ajustada, recurriendo al ahorro o al endeudamiento, lo que tiene posibilidades finitas y la incertidumbre de desconocer el final de la historia o como nos encontrará el siguiente mes.
Que la posibilidad o el acceso a una vivienda digna y su preservación son cuestiones respaldadas por la Constitución Nacional Argentina y el acceso o falta de acceso a los servicios públicos o servicios básicos impacta directamente sobre la dignidad de una casa y de sus habitantes.
Que además de a las viviendas familiares, los aumentos tarifarios, sumados a los aumentos de precios generales, con escasas excepciones, y a la disminución o retracción económica que atraviesa nuestro país, esto afecta gravemente a los comercios, las pymes y las industrias locales que ven mermada su producción y sus ventas, que deben seguir afrontando gastos ordinarios y que se encuentran con tarifas impactantes que deben solventar para seguir funcionando, lo que genera un ahorcamiento y una notable disminución en los márgenes de ganancia, en el mejor de los casos; resultando en muchos otros la imposibilidad de funcionar a su capacidad habitual, el achicamiento o el cierre definitivo.
Que en el caso de los jubilados, como ejemplo más claro y sensible, ya que son quienes han sufrido en mayor medida los ajustes propiciados por el Gobierno Nacional según datos y publicaciones que así lo manifiestan, a la agobiante tarea de enfrentar la canasta básica y los medicamentos que ya no cubre el PAMI se le agregan tarifas enormes que se comen una gran parte de sus exiguas jubilaciones.
Que a esta altura del año se acumulan los aumentos de marzo/abril, los aumentos autorizados por el Gobierno Nacional en el mes de junio y las modificaciones de los topes, nombradas como “Periodo de Transición”, a partir de los cuales, una vez superados, los usuarios pasan a pagar tarifa plana. Estas modificaciones recaen sobre los niveles N2 y N3 y son altamente regresivas, por lo cual golpean principalmente a los hogares y sectores de ingresos medios y bajos.
Que en el caso del gas, el impacto en las facturas con el último aumento y la quita de subsidios o modificación de los topes será, comparando los valores de marzo a junio, del 299% para la categoría de altos ingresos (N1), del 367% para ingresos medios (N3) y del 604% para el segmento de bajos ingresos (N2).
Que respecto a la electricidad, en las ciudades donde opera la distribuidora EDEA, se estima que el impacto del incremento en las facturas a partir de los cambios instrumentados por el Gobierno Nacional será, considerando desde marzo, mes en el que ya regían aumentos, y junio, del 14% para la categoría N1, del 80% en N2 y del 69% en N3, tomando como ejemplo un consumo promedio.
Que en el caso de los usuarios no residenciales, ya en febrero la Nación había quitado todos los subsidios que percibían, por lo cual al mes de junio el incremento llegaba alrededor del 561% para los pequeños comercios, del 270% para comercios e industrias medianas y del 181% para grandes usuarios.
Que el horizonte que se avizora es oscuro, considerando los aumentos de las tarifas de gas, de electricidad y alquileres anunciados para el mes de septiembre que afectaran más aún el consumo, lo cual no permite ni remotamente creer en una reactivación económica desde este escenario.
Que una ciudad que cuenta con 117 mil jubilados, 12.000 empleados públicos municipales y otros tantos en dependencias nacionales y provinciales, 14.000 docentes, entre otros, quienes tienen ingresos fijos y esto significa que reciben de lleno el impacto de los aumentos sin recomposición salarial acorde.
Que esto afecta directamente al consumo, impacta en las ventas, en los sectores no registrados, en el comercio, en los servicios y en toda la cadena económica de las ciudades de Mar del Plata y Batan.
Que resulta necesario y urgente advertir sobre una situación que tiene y tendrá consecuencias sociales gravísimas, tanto en el bienestar material como emocional de los marplatenses.
Que, además, asistimos a un proceso de destrucción de la capacidad económica instalada y esto tiene altísimos costos humanos y económicos.
Que por esta senda, sin lugar a dudas, no van a mejorar las condiciones de seguridad, ni de convivencia, ni de tranquilidad de los vecinos.
Por ello, el Bloque de concejales de Acción Marplatense presenta para su tratamiento el siguiente proyecto de
COMUNICACIÓN
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, ante el interés social, comercial y productivo que atañe, y en virtud de la relevancia que la información tiene como herramienta para la elaboración de políticas públicas de mitigación de la crisis económica actual, solicita a las empresas distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) respondan respecto a los siguientes puntos:
a. Cantidad de cortes de suministro realizados en los últimos 4 meses y comparación con el promedio de los últimos 5 años.
b. Cantidad de medidores de consumo para hogares desconectados o retirados en los últimos 4 meses y comparación con el promedio de los últimos 5 años.
c. Porcentaje actual de usuarios beneficiarios de tarifa subsidiada en comparación con el promedio de los últimos 5 años.
d. Cantidad o porcentaje de usuarios del servicio, de todos los niveles, que recurrieron a planes de pago en los últimos 4 meses y su comparación con el promedio de los últimos 5 años.
e. Estadística de medidores de consumo desconectados, retirados o dados de baja sobre clientes comerciales, pymes y grandes clientes o grandes usuarios en los últimos 4 meses y su comparación con el promedio de los últimos 5 años.
Artículo 2º: De forma.-
Autoría:
Adhesión: