Mar del Plata, 12 de febrero de 2021

Al presidente del

H. Concejo Deliberante

Sr. Ariel Martínez Bordaisco

S------------/------------D

VISTO:

La continua situación de detención de la dirigente social Milagro Sala, en la provincia de Jujuy, ignorando la misma la resolución del Grupo de Trabajo que depende de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 28 de octubre de 2016, que solicita su liberación inmediata, y:

CONSIDERANDO:

Que,la dirigente social y Diputada del Parlasur Milagros Sala se encuentra detenida dese el sábado 16 de enero del 2016, momento en el cual perdió su derecho a la libertad ambulatoria y se dio comienzo a la sistemática restricción de sus libertades conexas y a la persecución y difamación de su figura.

Que tal hecho sirvió como punta de lanza para que la colación por ese entonces gobernante pudiera calibrar y poner en marcha un aparato de persecución sin precedentes en la historia democrática del país.

Que los hechos que dan origen a la detención se remontan a una legitima protesta realizada en contra del Decreto Provincial 195/2015, momento el cual varias familias y movimientos sociales expresaban su desacuerdo con la mentada pieza legal.

Que a partir de que fue realizada esta medida de fuerza por las cooperativas y sus cooperativistas, que además de legítima, nunca incurrió en ninguna ilegalidad, la Gobernación emite un nuevo DECRETO 403/2016 y que  en un claro ejemplo de criminalización de la protesta social y de persecución ideológica dispone en su artículo 4 : “Que se retire la personería jurídica de las asociaciones civiles, con motivo de del o los delitos cometidos en oportunidad de la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera” . El mismo decreto en su artículo 5 dispone de forma claramente extorsiva:” Aquellas personas y organizaciones que a partir de las 00.00 horas del día 14/01/2016 sigan realizando la toma y el acampe estarán excluidos de la aplicación de los planes y programas que se aprueban y ratifican en el presente decreto acuerdo. Así mismo estarán excluidos de todo tipo de beneficio o plan social, adjudicación de lote o vivienda, y plan o programa de viviendas, núcleos húmedos y demás obras a realizar por cooperativas o organizaciones sociales por parte del Gobierno de la Provincia sean estos financiados con recursos provinciales o nacionales”.

Que, en ocasión de tal legitima movilización local y en paralelo a la promulgación del Decreto, el Gobierno Provincial denuncia a Milagro Sala por los cargos de “instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno” y que el Juez de feria Raúl Gutiérrez -por pedido de la fiscal Liliana Fernández- hace lugar a la denuncia e imputa los cargos, dando lugar a la detención de la dirigente.

Que tal detención, que sirve de piedra fundante para habilitar el aparato de persecución política y de criminalización de las expresiones sociales que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri, es ilegitima por resultar un ejercicio abusivo del pode punitivo estatal y deviene en ilegal por resultar una interpretación punitivista de los presuntos ilícitos cometidos.

Que, a partir de ese momento, se comienzan a sumar una batería de causas en las que se imputa a la dirigente social, Una de ellas es la conocida como "Pibes Villeros" --por el nombre de la cooperativa--; la otra se conoce como “Megacausa”.

Que, al respecto de la seguidilla de causas, manifestó la resolución del Grupo de Trabajo que depende de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 28 de octubre de 2016:“Hubo un entramado de 'acusaciones consecutivas' e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo” y se advierte que en su caso se está vulnerando la independencia judicial.”

Que por la “Megacausa” Milagro Sala el juez jujeño Rodolfo Miguel Fernández le dictó el cese de la prisión preventiva, motivo por el cual la dirigente sigue en prisión por la sentencia dictada en la Causa “Pibes Villeros”, sentencia que aun no está firme dado que fue apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que por este último proceso judicial la defensa ha esgrimido los siguientes puntos para contestar la acusación: El tribunal no permitió testigos que explicaran cómo funcionaba la Tupac y que desarmaran la idea del rol preponderante de Sala en la supuesta asociación ilícita; el tribunal rechazó un peritaje con ingenieros para ver qué obras se habían completado y cuáles no, lo que es la base de la acusación; A Milagro Sala la expulsaron durante 60 días de la sala de audiencias. no pudo controlar cuatro testimonios claves en los que se sustentó su acusación, entre otros puntos.

Que la detención y la lluvia de causas e imputaciones serviría de prueba de poder del aparato político, judicial y mediático del gobierno de la Coalición Cambiemos, que operaría de formas similares contra todo dirigente social, político u organización que pudiera expresar un disenso a su forma de gobernar el país.

Que esta situación se ha mantenido a lo largo del tiempo, agravándose por el mero hecho de su sostenimiento, implicando daños a su salud, su honra y toda su persona, manteniéndose también la amenaza simbólica a toda fuerza opositora, ya sea político partidaria o social.

Que, a día de hoy, Milagro Sala continua con prisión domiciliaria, a cuatro años de su detención y a varios años del inicio de cada una de las cusas por las que se la imputa, motivo por el cual resulta sumamente difícil ver las razones por las cuales se dan los supuestos legales de la prisión preventiva.

Que, como decíamos más arriba, el caso Milagro Sala sería el modelo por el cual se guiaría el aparato persecutorio durante la gestión macrista, mezclando detenciones extremadamente severas y/o arbitrarias, fundadas solo en construcciones de la autoridad Judicial basadas en hechos vagos o infundados, junto con una violación a las garantías del debido proceso (en lo formal o en lo substancial) a la vez de un constante desprestigio mediático. Todo esto con el propósito de debilitar a opositores, como así también servir de advertencia a aquellos no alcanzados por los fallos, a la vez de amedrentar a toda acción político ciudadana que manifestara disenso con el poder central.

Que, más allá de que la situación judicial de Milagro Sala es pasible de ser analizada desde lo jurídico en base a las inconsistencias de sus casos, la exagerada y teatral reacción del sistema penal ante sus supuestos delitos, la diferencia de tratamiento entre los años 2015 y 2019 ante los procesamientos de figuras del oficialismo y opositoras, las conclusiones y posicionamientos que queremos poner sobre la mesa son políticas.

Que es innegable la intrincada participación del poder ejecutivo Jujeño, al mando del gobernador Gerardo Morales, en el dictado de los decretos que dan origen a la primera detención de Milagro Sala, como en las posteriores declaraciones y acciones gubernamentales.

Que el mismo gobernador declaró respecto de la libertad de la dirigente: “Salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar". De tales declaraciones se desprenden impropios exabruptos para un gobernador democrático.

Que el gobernador Morales declaró también que la detención de Milagro Sala restauró la paz de la provincia, evitando la corrupción.

Que tales palabras distan del obrar de alguien que observa objetivamente un conflicto, son más bien las palabras de quien tiene un interés propio en la situación, interés que va más allá de la justicia o el esclarecimiento de los hechos.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales del Frente de Todos eleva el siguiente proyecto de:

COMUNICACIÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon solicita al Gobierno de la provincia de Jujuy llevar a cabo todas las acciones necesarias, cada poder institucional desde sus competencias, para hacer cesar la detención ilegal e ilegítima de la Dirigente Social y ex Diputada del Parlasur Milagro Sala.

Artículo 2.- De forma.-