Mar del Plata, 29 de septiembre de 2020

Al presidente del

H. Concejo Deliberante

Sr. Ariel Martínez Bordaisco

S------------/------------D

VISTO:

La denuncia penal presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paíz, por la que solicita la intervención de la Justicia Federal para que se investigue la posible comisión de un delito grave como lo es la producción de inteligencia ilegal -en los términos de los artículos 4 inc. 2, 5 y 43 ter. de la ley 25.520- contra familiares de los 44 tripulantes y personas transportadas del Submarino Ara San Juan y del buque Rigel ejecutados durante el gobierno de Mauricio Macri, y:

CONSIDERANDO:

Que distintos partes de inteligencia que fueron encontrados en la delegación Mar del Plata de la AFI. Los mismos evidenciarían un sistemático plan de acción para realizar espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas de las tragedias del ARA San Juan y el buque Rigel.

Que Caamaño presentó la denuncia ante la fiscalía federal que está a cargo de Daniel Adler. El fiscal lo puso en conocimiento del juez Santiago Inchausti, quien decidió que la investigación siga en manos del representante del Ministerio Público.

Que, entre la información localizada de tres discos rígidos, habría seguimientos en la vía pública e incluso en servicios religiosos que se hicieron para pedir por la aparición del buque.

Que una cantidad considerable de los partes de inteligencia se realizaban desde nuestra ciudad y eran girados a la dirección de Reunión Interior. La mayoría de los documentos registran seguimientos realizados entre enero y junio del 2018, es decir, desde el inicio de la búsqueda hasta poco antes de la aparición del submarino siniestrado.

Que los familiares habían denunciado, a lo largo del tiempo, sus sospechas sobre un posible espionaje a manos de la -por ese entonces- administración Macrista, expresando algunas situaciones que alimentaban la sospecha: Teléfonos celulares que se recalentaban cuando no estaban en uso, mensajes que aparecían leídos sin que así el dueño del celular siquiera posara su mirada sobre el aparato, seguimientos, etc.

Que tales situaciones, a prima facie irregulares y que despiertan sospecha cierta de comisión de posibles delitos, deben ser investigadas y aclaradas en pos de la preservación de los derechos ciudadanos y el especial cuidado y respeto que debemos mostrar ante el dolor de las personas cercanas a la tragedia.

Que mejor expresa el encuadre de esta situación la responsable de la AFI en su denuncia (las cursivas nos pertenecen): “Así y todo, con lo que aquí acompaño queda acreditada la producción de inteligencia ilegal en los términos de lo establecido por el art. 4 inc. 2 de la ley de inteligencia nacional. Es que como V.S. puede observar, el material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan. Queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aun, la Agencia no tenía – y menos aún hoy tiene- competencias para realizar este tipo de tareas. Es por ello que las acciones aquí denunciadas no tienen ningún tipo de justificación, y las tornan lisa y llanamente en un delito grave…”.

Que sabemos que se requiere una sentencia judicial para poder dar por acreditados los hechos y su encuadre jurídico, cosa que está en marcha tras la denuncia de la titular de la AFI. Es por ello que no hablamos de hechos comprobados, pasibles de establecer una verdad jurídica, o una verdad material, sino de una situación a prima facie irregular, que de por sí sola es preocupante y nos llama la atención.

Que si este fuera un hecho aislado no carecería de importancia, ni mucho menos, pero adquiere una mayor dimensión cuando es contrastado con otras denuncias similares que tienen por objeto funcionarios de la anterior administración nacional. Lo repetido y conteste de los hechos y su gravedad -en caso de comprobarse en debido proceso judicial- nos hace meritar el caso concreto de manera aún más negativa.

Que creemos que todo el arco político debe expresarse con preocupación por estos presuntos hechos ilegales y moralmente reprochables, no para adelantar el eventual actuar del poder judicial (del que respetamos absolutamente su capacidad de decidir los conflictos sometidos a juzgamiento de forma independiente), sino para dejar en claro que la mera posibilidad de tales situaciones es algo que debemos evitar. Precisamente por esto es por lo que elegimos manifestar preocupación, en la idea de que debemos estar expectantes a la resolución del caso judicial, no sin acompañar a las familias de las víctimas.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales del Frente de Todos eleva el siguiente proyecto de:

RESOLUCIÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su preocupación por los hechos denunciados por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, ante la justicia federal, sobre presuntos hechos de espionaje ilegal sufridos por los familiares de las víctimas de las tragedias del ARA San Juan y el buque Rigel, durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, por ser tales conductas intolerables en un país democrático donde deben prevalecer la pluralidad de ideas, el respeto a la libertad, al Estado de Derecho y apego a todas y cada una de las garantías constitucionales consagradas en nuestra Constitución.

Artículo 2.- De forma.-